Las Ejecuciones Extrajudiciales En M Xico

Las ejecuciones extrajudiciales en México
A pesar de que un porcentaje muy alto de los homicidios registrados en los últimos años pueden ser atribuibles a la delincuencia organizada, el gobierno o mejor dicho los gobiernos federal y locales, tienen la obligación de prevenir las violaciones al derecho a la vida y en su defecto, investigar, procesar y castigar a los responsables.


Por: JoséAntonio Guevara Bermúdez (@JoseAGuevaraB)
En junio pasado el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias (RE) de la Organización de las Naciones Unidas presentó ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, el informe sobre su visita oficial a México, llevada a cabo entre el 22 de abril y el 2 de mayo de 2013.
Se trata de un informe escalofriante que muestra elreconocimiento del Gobierno de la República de no menos de 70,000 homicidios intencionales, cometidos entre 2006 y 2012, relacionados con la “guerra contra el narcotráfico”. Muchas de esas privaciones de la vida son calificadas en el informe como ejecuciones extrajudiciales, debido a que las mismas se dieron a manos de agentes del Estado, sin evidente sustento legal y con la ausencia deinvestigaciones y juicios imparciales e independientes.
A partir del análisis de 31 casos (entre 2007 y 2012), la investigación de campo del relator permitió identificar algunos patrones en la forma en que en México se priva arbitrariamente de la vida:
“[…] amenazas de muerte; muerte de personas detenidas; muertes a manos de miembros del ejército, la marina y la policía; uso excesivo de la fuerza por agentes delas fuerzas del orden; muertes durante manifestaciones de protesta; muertes a manos de supuestos miembros de grupos armados ilegales, y desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias causantes de muerte. […]”[1]
Reconoció también que en dicho período la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió 52 recomendaciones relativas a la privación del derecho a la vida, de lascuales 39 estuvieron dirigidas a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR).[2]
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) actualmente ejerce la defensa integral en tres casos de ejecuciones extrajudiciales a manos de agentes del Estado en el contexto de la actual política de seguridad. En dos de los casos se han emitidorecomendaciones de la CNDH: Jorge Parral Rabadán en el estado de Nuevo León (Recomendación 57/2013) y Jethro Ramsés Sánchez Santana en el estado de Morelos (Recomendación 38/2012). El otro caso es de los señores Joaquín Figueroa Vázquez y Tito Landa Argüelles, quienes fueron ejecutados en el estado de Veracruz (2011).
En estos tres casos, todas las víctimas fueron ejecutadas por un uso excesivo ydesproporcional de la fuerza. Además, se les criminalizó al intentar vincularlos como integrantes de la delincuencia organizada. Se ha podido acreditar de diferentes formas que no lo eran. A funcionarios de la SEDENA se le atribuye la responsabilidad de los dos primeros casos mencionados, mientras que las ejecuciones referidas en el último fueron cometidas en el contexto del Operativo de la ConferenciaNacional de Gobernadores (CONAGO) en Veracruz.
Jorge Parral Rabadán fue secuestrado por integrantes de la delincuencia organizada cuando se encontraba laborando en las instalaciones de Caminos y Puentes Federarles en Camargo, Tamaulipas, desde donde fue trasladado al estado de Nuevo León y privado de la libertad. En una incursión por parte de la SEDENA al lugar donde él y otras víctimas seencontraban retenidas, Jorge fue ejecutado por funcionarios de dicha institución.
Por su parte, Jethro Ramsés fue detenido arbitrariamente en un evento público por policías ministeriales y posteriormente entregado a integrantes de la SEDENA. Funcionarios de dicha institución lo sometieron a una brutal tortura, lo ejecutaron extrajudicialmentey posteriormente lo desaparecieron.
Las ejecuciones de Joaquín...