Administración pública.

Conclusión
A finales de los años ochenta, la casi totalidad de los países latinoamericanos se embarcan en procesos de reforma estatal que reconocen dos fases claramente diferenciadas, denominadashabitualmente “primera” y “segunda” generación de reformas. Ambas etapas se inspiran más en criterios fiscales, de recorte del gasto, que en el interés por optimizar la gestión estatal.
Las medidasadoptadas, a fin de adaptarse al capitalismo globalizado y los imperativos de diversos organismos internacionales, no conciben al Estado como relación social, garante del bien común, sino en términos detamaño y presupuesto; el Estado se debilita a favor de los mercados, constatándose la retirada masiva en lugar de su rediseño y la falta de voluntad política para dotarlo de herramientas capaces dellevar a cabo políticas de mediano y largo plazo.
En el marco de las reformas, aparecen nuevos roles del Estado —fiscalizador, regulador, evaluador— y desaparecen casi en su totalidad los asociados alEstado de bienestar —productor, empresario, empleador, previsor, prestador. Por otra parte, las metas, decisiones y resultados conseguidos a la luz de los procesos de reforma, guardan escasa relacióncon sus ambiciosos objetivos. Una parte considerable de las reformas deseadas —eficiencia y transparencia en la gestión pública, superación de esquemas burocráticos, profesionalización de la funciónpública, entre otras— permanecen como
buenos deseos, sin materializarse.
En lo que respecta específicamente a las reformas basadas en el new public management, como se pudo ver, fueron inducidas enAmérica Latina por ciertos organismos internacionales (BM, FMI, BID) como condición para el otorgamiento de préstamos o para renegociar los existentes y fueron asumidas por los países latinoamericanospara no verse excluidos del sistema financiero y comercial internacional. Esto supuso una introducción apresurada e incluso acrítica del NPM, donde en la mayoría de los casos no se evaluó si...