Principio de oportunidad

DEFINICIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD
El criterio de oportunidad implica no iniciar, suspender o prescindir total o parcialmente de la acción penal, ante la ausencia de interés público, frente a la presencia de delitos de cuantía o culpabilidad menor o bien, en casos en que la persecución penal motive una doble victimización. Su fundamento constitucional se encuentra en el séptimo párrafo delartículo 21 constitucional:
“El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley.”
También podría ser aplicable el criterio de oportunidad como herramienta para la investigación del delito en casos de delincuencia organizada. La legislación secundaria establecería en tal caso que el Ministerio Públicopodría no iniciar, suspender o prescindir parcial o totalmente de la acción penal si un inculpado coopera en la investigación y persecución de delitos relacionados con la delincuencia organizada, como se desprende de la interpretación del artículo 20, apartado B, fracción tercera, segundo párrafo del texto constitucional:
“La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado osentenciado que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada”;
El criterio de oportunidad debe ser siempre impugnable por la víctima u ofendido.
El principio de oportunidad tiene dos grandes vertientes. Por un lado se materializa en un esquema de política pública ministerial y, por otra parte, hace de la aplicación del Derecho Penal, unaherramienta social generadora de bienestar.
Al hablar del principio de oportunidad como herramienta de política pública, nos referimos a él como una cuestión probatoria. El Agente del Ministerio Público decide – mediante el uso de todas sus herramientas teóricas y analíticas – si el caudal probatorio del que dispone podrá conducir, verosímilmente, a una condena en tribunales. En la exposición de motivosdel Código de Procedimientos Penales del Estado de Durango, se explica con precisión el objeto y fin de criterio de oportunidad:
“La aplicación irrestricta del principio de oficiosidad en la persecución penal genera una sobrecarga del sistema de justicia con delitos menores que en nada afectan el interés público, pero que las autoridades se ven precisadas a perseguir, en virtud de una mal entendidainderogabilidad de la persecución penal, que provoca costos elevados en asuntos que no lo ameritan. En virtud de ello, es que se faculta al Ministerio Público aplicar los criterios de oportunidad, que le permitan administrar los recursos disponibles de persecución y aplicarlos a los delitos que más ofenden y lesionan a los bienes jurídicos de superior entidad. El Ministerio Público deberá aplicarlos criterios de oportunidad sobre la base de razones objetivas y sin discriminación valorando las pautas descritas en cada caso individual, según los criterios generales que al efecto se hayan dispuesto por la Procuraduría General de Justicia del Estado. En los casos en que se verifique un daño, éste deberá ser previamente reparado en forma razonable.”
Podemos imaginar una gran cantidad desupuestos que, referidos a cuestiones probatorias, podrían llevar a un Fiscal a determinar que no es procedente ejercer la acción penal. Pensemos en una denuncia por robo a transeúnte, en que la media filiación proporcionada por la víctima coincida con la de varios miles de personas mientras que la descripción de los hechos o la ausencia de evidencias no permiten siquiera comenzar una investigación. Enestos casos, el Fiscal podría renunciar de plano a continuar con una investigación en tanto que no existan nuevos elementos.
Hoy en día, en muchas de nuestras agencias del Ministerio Público del fuero común, se busca cubrir una apariencia de legalidad procesal. La víctima acude una y otra vez, a rendir su declaración, a presentar testigos de preexistencia y propiedad –en el caso de robo-, y a...