juicio politico
El Juicio Político podría definirse como el proceso jurisdiccional previsto en la Constitución, que se sustancia dentro de las Cámaras del Congreso de la Unión[3], para el efecto de sancionar a un número identificable y excluyente de altos funcionarios públicos de la Federación o de los estados que, desde el ejercicio particular de su cargo, empleo o comisión, hayanincurrido en actos u omisiones que producen perjuicio a los intereses públicos fundamentales y al buen despacho de los asuntos estatales. Si el fallo cameral sobre el Juicio Político fuere positivo, necesariamente implicará la destitución del cargo y la proscripción temporal de su derecho para ocupar otros.[4]
Los sujetos enjuiciables.
El artículo 110 constitucional que regula el instituto delJuicio Político, identifica un listado inicial de servidores públicos de la Federación que pueden ser enjuiciables ante el Congreso de la Unión[5], aun cuando otras prescripciones constitucionales disponen después de tal posibilidad para otros altos cargos de la Federación[6].
A manera de asegurar la vigencia del régimen federal, el artículo 110 nomina a los únicos altos cargos delámbito de los Estados que pueden ser políticamente enjuiciados ante el Congreso de la Unión[7]. Descontado que se trata de una instancia excepcional, aquí el Juicio sólo procede “por violaciones graves a ésta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos federales, pero en éste caso la resolución será únicamente declarativa yse comunicará a las Legislaturas locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda”.
Merece subrayarse el hecho de que este artículo constitucional nunca alude al Presidente de la República como sujeto de Juicio Político, en tanto que si lo considera como sujeto de responsabilidad penal, mas esto será objeto de atención más adelante.
También cabe destacar el caso de los altoscargos del Banco de México, que como señalábamos, son sujetos potenciales de Juicio Político. Sin embargo, la Ley del Banco de México introdujo cierta distorsión y desmerecimiento del procedimiento congresual en la medida que habilita un procedimiento autónomo de remoción de los 5 miembros de la Junta, bien con la propia intervención de los miembros de ésta o del Presidente de laRepública y con el sometimiento a la resolución final del Senado o, en su caso, de la Comisión Permanente.
Tal situación reaparece en el caso de la Auditoría Superior de la Federación, cuyo titular también puede ser removido de conformidad con un procedimiento especial previsto en su Ley, con total independencia de que la Constitución decrete el enjuiciamiento atendiendo a las disposiciones de su TítuloCuarto (es decir, mediante un Juicio Político).
La legitimación para activar el procedimiento.
De acuerdo con el artículo 109 de la Constitución, “cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, respecto a las conductas a las que serefiere el presente artículo”, y entre éstas se hallan las que pueden sujetar a Juicio Político a los altos cargos de la Federación y de los estados.
Si en principio tal acción popular para denunciar responsabilidades de los altos cargos supone cierto vanguardismo normativo[8], basta con observarla a la luz de una crítica doctrinal para desestimar tal impresión[9]
En consecuencia, la legitimación principalpara activar el procedimiento de Juicio Político será de los ciudadanos y, de manera correlativa, para los senadores y diputados aun cuando no lo expresen así las normas constitucionales y sólo de soslayo lo haga la ley de la materia[10].
Una imprecisión parecida se presenta con respecto a quiénes pueden desempeñarse como defensores del servidor público enjuiciado, ya que...
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